Cuando las personas, empresas o cualquier organización realizan acciones y de estas se derivan efectos (positivos o negativos) que traen consigo impacto en forma de beneficios o costos sobre otros agentes, se denominan externalidades. Así las cosas, su principal característica es que el agente que la genera no paga el efecto causado en la sociedad ni tiene derecho a recibir alguna compensación por el beneficio generado.
En la movilidad urbana, las actividades del transporte público diarias generan gran cantidad de efectos causados por los autobuses y sus propios usuarios que afectan a otros agentes económicos no directamente relacionados con el transporte. No obstante, dichas externalidades pueden clasificarse en positivas y negativas. En las primeras, podemos hablar en términos de productividad, es decir, cuando los usuarios usan el servicio de transporte para llegar a los centros de trabajo, pagan por el servicio adquirido. Otro ejemplo, son los ahorros de tiempo de los usuarios de un servicio regular traducidos en beneficios (costo de oportunidad), es decir, el valor social del tiempo del usuario.
Las segundas, se derivan de las actividades del transporte público y es más amplia la lista en función a que el sector genera gran impacto social. Los problemas más evidentes y potenciales son la contaminación atmosférica, el ruido, los accidentes y el congestionamiento.
Ahora bien, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) conformada por los municipios de: El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo; al no poseer un sistema de transporte público integrado, es evidente el creciente número de vehículos en circulación, provocando un alto nivel de congestión afectando los trayectos rutinarios de la población y pérdida de horas productivas, incrementos de la longitud y tiempos de viaje. Además, si a esto le sumamos los obstáculos generados por las operaciones comerciales de abasto y las fallas del servicio del transporte colectivo como irregularidad y demoras, contaminación atmosférica y acústica, accidentes, consumo excesivo de energía no renovable, podemos precisar todas las externalidades negativas que genera el transporte colectivo, pero ¿quién debe pagar el costo de las externalidades?, ¿qué acciones, estrategias o mecanismos debe impulsar el gobierno para atender las externalidades?
En este sentido, la corrección de cualquier efecto externo negativo puede realizarse con algún mecanismo que busque que los agentes que generan el efecto internalicen el costo y hagan las acciones para minimizar los impactos generados, por ejemplo, la utilización de gas natural o vehículos híbridos en algunas rutas-empresa o bien, participar en el mercado de bonos de carbono. Otra medida son la implementación de impuestos, estos pueden ser sobre la emisión de contaminantes o ruido.
Por último, es bien sabido que este tipo políticas aplicadas para corregir externalidades son imperfectas, al menos consiguen reducir los niveles de actividad para aliviar los problemas en efecto y recaudan ingresos que sirven, al menos potencialmente para realizar compensaciones a la sociedad afectada.
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